Federico no tiene blog ni Twitter y solo un Facebook personal y a propósito del cambio de versión del tal «Brasil» le pedí postear su artículo del fin de semana en El Comercio. Se publicó antes del nuevo testimonio del narcotraficante. Yo creo que todavía calza perfecto.

La fábrica de indultos

Por Federico Salazar B.

La revisión debe ser una institución habitual en una democracia. Lo que no debería ser habitual es la investigación sobre los expresidentes.

Tanto el expresidente Alan García como el expresidente Alejandro Toledo enfrentan procesos de fiscalización con ribetes de escándalo.

La acusación más grave en contra de la gestión de Alan García se refiere a la fábrica de indultos. Narcotraficantes de muy alto vuelo fueron beneficiados con este privilegio presidencial, además de secuestradores y asaltantes.

La fábrica de indultos no se detenía ante nada ni ante nadie. No importaba la gravedad del delito por el que se purgaba condena. Hace poco se ha detenido a Edwin Valenzuela, vinculado a un cargamento de casi 4 toneladas de clorhidrato de cocaína.

¿Qué tipo de delincuente facilita la excarcelación de este otro tipo de delincuente mayor?

Durante el gobierno de Alan García, el propio ministro de Justicia hacía propaganda a favor de una supuesta política en favor de la reintegración del reo. En realidad, no era ninguna política de Estado, sino un mecanismo de corrupción.

Los indultos se vendían. No tenemos todavía un estimado oficial de los montos transados. Los testimonios, sin embargo, hablan de una especie de tarifa de 10 mil dólares por año de condena liberado.

Si esto fuera cierto, la cifra total podría acercarse a los 200 millones de dólares.

Cabe preguntarse por la organización capaz de manejar una industria de esta envergadura. ¿Pudo un funcionario menor, como Miguel Facundo Chinguel, administrar este negocio?

Si la industria del indulto presidencial movió 200 millones de dólares, ¿quién pudo organizarla?

El expresidente García defendió inicialmente esta “política” de los indultos. Dijo que las “burriers” tenían derecho a arrepentirse y a rehacer su vida. Ha desarrollado argumentos inverosímiles sobre la misericordia y el perdón.

El país entero tiene el derecho a una explicación. La explicación debe ser detallada y se debe sustentar las razones de esta febril actividad indultadora.

La delincuencia es uno de los más graves problemas de la sociedad peruana. La impunidad es el motor que hace escalar su gravedad. Hay tremenda responsabilidad, pues, en quienes hayan alentado mecanismos que facilitan y alientan dicha impunidad.

El Congreso debe interrogar al expresidente Alan García, por supuesto sin faltar a los requerimientos del debido proceso. Pero el país, sobre todo, tiene todo el derecho a revisar lo actuado en ese gobierno sobre este tema. Y no se debe parar la investigación hasta llegar al fondo del asunto.

Ninguna leguleyada debe estar por encima del interés legítimo del país por saber qué pasó. La opinión pública no dejará de preguntarse por este tema hasta que no haya respuestas sólidas y convincentes. Hasta el momento no se han dado.

Se debe poner sobre el tapete el tema del indulto en general y, en particular, el del indulto compulsivo que se practicó durante el gobierno de Alan García.